Desde el 1 de enero de 2019, en el Perú está vigente la Ley N° 30424 que busca proteger el derecho humano al agua y al saneamiento. La norma establece sanciones para los responsables de cortar el suministro de agua a las personas, así como también prevé multas para los que obstruyan o destruyan los servicios de saneamiento.
La ley también obliga a las entidades públicas y privadas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento básico a adoptar medidas para garantizar el acceso universal y continuo a estos servicios. Asimismo, señala que los usuarios tienen derecho a recibir un servicio de calidad, adecuado a sus necesidades y a un precio justo.
La ley establece sanciones de hasta dos años de prisión y multas de hasta 30 UIT (unos US$ 9600) para aquellos que corten el suministro de agua potable a las personas sin una causa justificada. También se establecen sanciones de hasta un año de prisión y multas de hasta 10 UIT (unos US$ 3200) para aquellos que obstruyan o destruyan los servicios de saneamiento.
La ley también establece multas de hasta cinco UIT (unos US$ 1600) para aquellos que no cumplan con las obligaciones establecidas en la norma, como por ejemplo, no garantizar el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento básico. Asimismo, se establecen multas de hasta 20 UIT (unos US$ 6400) para las empresas que no cumplan con las normas establecidas para garantizar la calidad del agua que suministran.
La ley también establece mecanismos de control social para hacer efectivos los derechos establecidos en la norma. En particular, se establece la creación de un Comité Interinstitucional para el Monitoreo de la Aplicación de la Ley de Protección al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, el cual estará conformado por representantes de los ministerios de Justicia, Economía y Finanzas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agricultura y Riego, y Salud.
El Comité tendrá como función, entre otras, supervisar la aplicación de la ley, así como también velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma. Asimismo, el Comité podrá solicitar información a las entidades públicas y privadas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento básico, así como a los usuarios de estos servicios.
La ley también establece la creación de un Fondo de Protección al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, el cual tendrá como función brindar apoyo económico a las personas que hayan sufrido un corte injustificado del suministro de agua o una interrupción en el servicio de saneamiento.
Este Fondo estará conformado por aportes del Estado, de las entidades prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento básico, así como de donaciones y aportes voluntarios de particulares y de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, el Fondo podrá recibir recursos provenientes de multas impuestas a las entidades prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento básico que incumplan con sus obligaciones establecidas en la ley.
¿Qué dice el artículo 12 de la Constitución Política del Perú sobre el agua?
Según el artículo 12 de la Constitución Política del Perú, el agua es un recurso natural que pertenece a la Nación. Su uso, aprovechamiento, conservación, control y fiscalización están regulados por la ley.
El agua es un recurso vital para la vida, y es esencial para el desarrollo económico y social de nuestro país. Por esta razón, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a este recurso a todos los peruanos.
Asimismo, el Estado debe proteger el agua contra la contaminación y el desperdicio, y velar por su adecuado uso y aprovechamiento.
¿Qué dice el artículo 51 sobre el agua?
En el artículo 51 de la Ley General de Aguas, se establece que el agua es un recurso natural de carácter nacional, cuya gestión, aprovechamiento, conservación y protección es obligación del Estado y de los particulares, y su uso es un derecho humano fundamental de toda persona.
Asimismo, se señala que el agua es un recurso escaso, vital para la vida y el desarrollo de las actividades humanas, por lo que su aprovechamiento, conservación y protección debe estar regulado por la ley, a fin de garantizar su sustentabilidad.
Por otra parte, el artículo 51 establece que el agua es un recurso natural que debe ser gestionado de manera sustentable, a fin de garantizar su disponibilidad para las presentes y futuras generaciones.
¿Qué dice el artículo 7 A sobre el agua?
Según el artículo 7A de la Ley General de Aguas, el agua es un recurso natural que debe ser protegido, conservado y mejorado, ya que es vital para el desarrollo sostenible de México. Además, señala que el agua es un bien nacional de carácter vital e indispensable para la vida, por lo que su uso, aprovechamiento, protección y manejo deben ser regulados por la Ley.
¿Cuál es la Ley del agua en Perú?
La Ley del agua en Perú establece que el agua es un recurso natural que debe ser protegido y conservado. Se regula el uso, aprovechamiento, abastecimiento y saneamiento del agua, así como la gestión de los recursos hídricos. También se establecen las responsabilidades de los usuarios, las autoridades y las empresas en la gestión del agua.
La Ley del agua tiene como objetivo garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento, así como proteger el medio ambiente acuático. También pretende mejorar la eficiencia en el uso del agua y fomentar su aprovechamiento sostenible.
La Ley del agua se aplica a todos los cuerpos de agua, incluidos los ríos, lagos, embalses, acuíferos y el mar territorial. También se aplica a las aguas servidas y a los residuos líquidos generados por las actividades humanas.
La Ley del agua establece que el agua es un recurso natural que debe ser protegido y conservado. Se regula el uso, aprovechamiento, abastecimiento y saneamiento del agua, así como la gestión de los recursos hídricos. También se establecen las responsabilidades de los usuarios, las autoridades y las empresas en la gestión del agua.
La Ley del agua tiene como objetivo garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento, así como proteger el medio ambiente acuático. También pretende mejorar la eficiencia en el uso del agua y fomentar su aprovechamiento sostenible.
La Ley del agua se aplica a todos los cuerpos de agua, incluidos los ríos, lagos, embalses, acuíferos y el mar territorial. También se aplica a las aguas servidas y a los residuos líquidos generados por las actividades humanas.
La ley que prohibe el corte de agua en el Perú es una buena ley que protege a los consumidores de este vital recurso. Sin embargo, la ley debe ser mejorada para hacerla más efectiva y aplicable.
Mejoras a la ley:
1. La ley debe establecer un mecanismo efectivo para hacer cumplir sus disposiciones, especialmente en lo que respecta a los cortes de agua.
2. La ley debe establecer sanciones efectivas para aquellos que no cumplen con sus obligaciones.
3. La ley debe prever mecanismos para garantizar el acceso a agua potable a todos los peruanos, especialmente a aquellos que viven en áreas rurales y remotas.